Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO)​ fue una organización terrorista española de ideología marxista-leninista-maoísta fundada en Vigo en 1975 que buscaba la instauración de un Estado socialista y republicano en España. Se les considera «el brazo armado del Partido Comunista de España (reconstituido)»,​ tal como sentenciaría en el año 2006 la Audiencia Nacional. Se considera totalmente inactiva desde 10 de marzo de 2011, fecha del último atentado más o menos oficial de esta organización. En su momento se especuló con la posibilidad de que la formación pudiera haber estado «manipulada» por la extrema derecha española o por elementos parapoliciales.​ Las acciones del grupo se saldaron con un total de más de ochenta víctimas asesinadas. Aunque nunca ha llegado a disolverse públicamente, la ausencia de atentados y acciones armadas, así como su residual membresía, hacen que esté considerada como desarticulada por las fuerzas de seguridad españolas.

La Fundación Víctimas del Terrorismo es una entidad sin ánimo de lucro creada el 19 de diciembre de 2001, fruto del Pacto Antiterrorista firmado por el Partido Popular, entonces en el gobierno, y el Partido Socialista Obrero Español, principal partido de la oposición, que contó con el impulso de las asociaciones y fundaciones existentes en esa fecha.

Euskadi Ta Askatasuna (ETA) fue una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, abertzale, socialista y revolucionaria. Durante sus cincuenta y ocho años de historia, entre 1958 y 2011, surgieron diferentes organizaciones con el mismo nombre como resultado de diversas escisiones, coexistiendo en varias ocasiones algunas de ellas, de las cuales solo sobreviviría la conocida como ETA militar. Anunció el cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre de 2011. Desarmada en abril de 2017, el 3 de mayo de 2018 anunció su disolución.

Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y su entorno entre 1983 y 1987, asesinando a un total de 27 personas.​ Durante el proceso judicial contra esta organización fue probado que estaba financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior del Gobierno socialdemócrata de Felipe González. Aunque combatían a ETA y «los intereses franceses en Europa», a estos últimos por responsabilizar a Francia de «acoger y permitir actuar a los terroristas en su territorio impunemente», también realizaron acciones indiscriminadas debido a las cuales fallecieron ciudadanos franceses sin adscripción política conocida.